En Bogotá capturaron a Samuel Adrián, creador del documental Colombia: Fábrica de niños trans. Se piden 10 días de cárcel y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes.
La decisión judicial, emitida por un tribunal de Cali, Colombia, reavivó el debate sobre la desinformación, los derechos de las personas trans y los límites entre la libertad de expresión y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El proceso judicial que involucra a Adrián tendría su origen en la utilización de imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas, las cuales fueron posteriormente editadas e incluidas en el documental. Según las autoridades judiciales, la difusión de este contenido podría tener repercusiones sobre la reputación y el ejercicio profesional de algunas personas del ámbito sanitario que intervienen en procesos de acompañamiento vinculados con cuestiones de identidad de género.
Desde su estreno, la producción ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones LGBT+, especialistas en salud y defensores de los derechos humanos, quienes han expresado preocupación por el contenido y por la manera en que Adrián aborda las experiencias de las personas trans.
A través de las redes sociales, personas trans y personas que han atravesado procesos de transición también han defendido su derecho a construir su identidad y han cuestionado lo que consideran mensajes potencialmente perjudiciales del documental.
La producción cuenta la historia de una joven arrepentida, que decidió detransicionar después de haberse sometido a un proceso de transición de género. Según su propio relato, su decisión estuvo relacionada, entre otros factores, con lo que considera una falta de información y con un complejo cuadro de salud mental.
Samuel Adrián, cristiano, ha expresado su oposición a los tratamientos relacionados con la transición de género y ha promovido un debate sobre estas prácticas en Colombia y la “necesidad de acabar con estos procedimientos que afectan la niñez”.